Fue en 1994, durante el decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, que la Asamblea General de la ONU y la Defensa de los Derechos Indígenas decidió establecer una jornada histórica a nivel global dedicada a las etnias originarias, fijándose como fecha conmemorativa cada 9 de agosto como el Día internacional de los Pueblos Indígenas.
El 23 de diciembre de 1994, luego de reconocerse el lugar que ocupan en la agenda mundial los problemas y condiciones que afectan a los pueblos indígenas en todo el planeta, se estableció esta conmemoración, para así promover la cooperación entre los países, prestar atención y resolver los distintos problemas relacionados a múltiples áreas como salud, educación, economía, el medio ambiente, uso del suelo, desarrollo y derechos humanos de estas comunidades.
De acuerdo al último Censo en Chile la población total indígena, es del 12,8 % y de ellos el 90 % pertenecen al pueblo mapuche, más del 60% residen en zonas urbanas y no en los territorios tradicionales indígenas, debido a la falta de sus tierras, aguas y el empobrecimiento en que se han visto envueltos por la intervención primero de grandes latifundistas y luego las transnacionales con sus proyectos extractivistas, sobreexplotación, o también grandes plantaciones de pino y eucaliptus amparados por los distintos Gobiernos de Chile y la constitución del Estado de Chile.
La población indígena en Chile se ha caracterizado en general por pocas oportunidades, el empobrecimiento en que viven, la pérdida de su identidad e idioma y por la negación e invisibilización de sus derechos indígenas, la carencia de una política pública acorde a sus necesidades y su propio desarrollo, el no reconocimiento constitucional que lleva a que sus demandas y necesidades no sean escuchadas.
Si bien existe la ratificación por parte de Chile el Convenio 169 de la OIT sobre indígenas y tribales desde el 15 de Septiembre del 2008, el cual se fundamenta en el respeto por las culturas y por los pueblos indígenas y reconoce su derecho a las tierras y los recursos naturales, el derecho a ser consultados cuando alguna medida comprometa su hábitat y su vida, además de promover su propio desarrollo, autogestión y administración de sus recursos naturales entre otros, ello no es implementado en el territorio nacional.
La Ley Indígena 19.253 fue promulgada el 5 de Setiembre de 1993, la cual establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) y reconoce a los pueblos originarios: Mapuche, Aimara, Rapa Nui, Atacameños, Quechuas, Collas, Diaguitas, Kawashkar, Alacalufes y Yámanes o Yagán.
No obstante estas consideraciones legales, no han logrado permear la estructura económica, social, cultural, incluso religiosa lo que ha derivado en la ausencia de medidas o políticas públicas que consideren sus cosmovisiones, demandas, necesidades y propuestas; e incluso, no propician un cambio cultural en la relación del Estado Chileno y la sociedad civil en cuanto a la discriminación hacia las personas pertenecientes a pueblos originarios.